Colombia Insólita

Es correcto el análisis de Fernando Dorado, pero el asunto tiene mucha más tela qué cortar. Y ahora Luis Carlos Galán será el mártir y héroe que mostrarán y a Jorge Eliécer Gaitán harán que el pueblo, poco a poco, lo olvide, mientras que la izquierda pasa de agache y le importa un pito que entierren la memoria de Jorge Eliécer Gaitán. No hace NADA para evitarlo - al contrario - como ha hecho la Alcaldía Mayor de Bogotá al apoyar a la Universidad Nacional para que la Casa-Museo no regrese a manos de los gaitanistas... mientras el artículo del ex Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, titulado "La Sangre de Gaitán" - donde pide que el pueblo colombiano sepulte la memoria de Gaitán - sigue circulando y abriéndose camino, hasta el punto de que Noticias Uno, el único noticiero verdaderamente independiente, el pasado 9 de abril, en lugar de destacar la importancia del acto realizado para honrar la memoria de los héroes que cayeron el 9 de abril, lo que hizo fue afirmar fálsamente que nadie había asistido porque ya todo el mundo se olvidó de Gaitán... el trabajo está hecho y bien hecho por la oligarquía que maneja la psiquiatría y la psicología colectiva para manipularnos y ni nos damos cuenta. 

Atte., Gloria Gaitán

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EN COLOMBIA: SE SACAN LOS TRAPOS AL SOL

Popayán, agosto 21 de 2009

Revivir la investigación del asesinato de Luis Carlos Galán ha sido la última “jugada maestra” del actual Maquiavelo que dirige esta “hacienda gringa” que se llama Colombia..

Se utiliza al Procurador Ordoñez y al Fiscal de repuesto Guillermo Mendoza Diago - quien ya se había deslindado del saliente Iguarán -  para ejecutar la movida. El procurador pide la condena del perpetrador Alberto Santofimio Botero, aliado del cartel de Medellín. El fiscal acusa y captura al general Maza Márquez, supuesto aliado del cartel de Cali y jefe del DAS en la administración del presidente Virgilio Barco (1986-90), y a la vez, define ese magnicidio como un delito de lesa humanidad. Tacada a tres bandas calculada para obtener una posición inmejorable.

Uribe le apunta a varios objetivos:

- Trata de demostrar que la corrupción y criminalidad se habían apoderado del DAS desde hace más de 20 años y que su gobierno heredó esa situación. Su objetivo inmediato es uno de sus principales enemigos: Ramiro Vejarano, director del DAS en el gobierno de Ernesto Samper y actual abogado del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia Dr. César Julio Valencia, enfrascado en un pleito jurídico que le ha traído fuertes dolores de cabeza al actual presidente Uribe.[1] Quieren ablandarlo o callarlo definitivamente.

- Pone a pelear –colocándolos en el mismo terreno– a las dos cabezas de los sectores políticos que se enfrentaron en el período anterior de la política colombiana (César Gaviria y Ernesto Samper). De esa manera deslegitima ante los ojos del pueblo a quienes se oponen a su reelección por cuanto aparece como el verdadero enemigo de las mafias, haciendo ver a quienes lo antecedieron –no sólo como débiles frente a la guerrilla– sino como cómplices de los cárteles de la droga.

- Cínicamente intenta apropiarse del legado de Luis Carlos Galán. Se presenta como el único gobernante que ha enfrentado de verdad a los narcotraficantes. Trata de limpiar su imagen a nivel internacional para presentarse como la mejor carta para continuar con la política anti-drogas en que se empeña – alsamente- el gobierno de los EE.UU. Se está re-fortalecimiento el Plan Colombia y el Plan Mérida, lo cual le sirve de argumento en la conferencia de presidentes de UNASUR que se realizará el próximo 28 de agosto en San Carlos de Bariloche, Argentina. El “acuerdo de cooperación” –llámense bases militares– tiene esa supuesta justificación.

- Al obligar a César Gaviria a defenderse y a ripostar, posiciona como jefe de la oposición a quien fue el principal impulsor de las políticas neoliberales en Colombia (apertura económica, privatizaciones, ley 100 de salud, etc.), colocando en calzas prietas a quienes se alíen con el partido liberal desde las posiciones de izquierda. Pero también debilita la posición de Germán Vargas Lleras, quien se declara como el principal continuador de las ideas de Galán y a la vez seguidor de las políticas de Uribe, y quien acaba de aceptar una posible consulta interpartidista con ese partido.

Es indudable que Uribe –y sus actuales aliados y áulicos-, conocen al detalle tanto las intimidades de los cárteles de la droga como la vida privada de las cúpulas políticas de los gobiernos anteriores. Allí se amamantaron, son sus herederos más avezados.. Los grupos económicos que los apoyaron son los mismos que hoy están con Uribe y lo utilizan para recomponer sus inversiones ante las nuevas realidades globales (Sarmiento Angulo, Ardila Lulle, Santodomingo, y grupos económicos emergentes). Cuenta también con el apoyo de todas las agencias del gobierno norteamericano (Embajada, CIA, DEA, etc.). Y, además, los sectores más descompuestos de esos gobiernos son los que hoy encabezan los partidos uribistas.

La herencia inmoral del fallecido expresidente Alfonso López Michelsen (1974-78) es lo que actualmente explosiona dentro del Estado y la sociedad colombiana. 30 años de contubernio de la oligarquía colombiana con el narcotráfico no pasan en vano. Todos los que ayudaron a matar a Luis Carlos Galán, los que ordenaron su muerte o miraron para otro lado -como lo ha demostrado la historia-, hoy se rasgan las vestiduras, se acusan entre sí, se traicionan y aparentan dignidad. Por supuesto, el resultado final es su humillante debilidad ante quien maneja los hilos: el “amo” imperialista del norte.

Desde la perspectiva de la Izquierda, la situación es paradójica y muy difícil. Los que fueron aliados de César Gaviria y participaron en su gobierno, pareciera que no han evaluado a fondo esa experiencia. Y, los que son aliados y/o cercanos a Samper Pizano, que fueron los que orquestaron el reciente acuerdo para votar por el procurador Ordoñez, hoy empiezan a “comer de su propio cocinado”. La “izquierda tradicional” trata de pasar de agache ante tamaño despelote de inmoralidad, criminalidad y desfachatez. ¡Es hora de reaccionar!

Por Gloria Gaitán

para una publicación del Barrio Jorge Eliécer Gaitán de Girardot

El objetivo de la lucha de mi padre, Jorge Eliécer Gaitán, no era, como sí lo ha sido el de un gran número de dirigentes colombianos que desde su adolescencia o su niñez decían que querían ser Presidentes de la República.

No, mi padre tenía otra cosa en mente. Su objetivo de vida era participar en la instauración en Colombia de una DEMOCRACIA DIRECTA, o popular, para sustituir la Democracia Representativa, o burguesa –como la que ahora tenemos- que sólo sirve para que una clase privilegiada –a la que él llamaba el País Político u Oligarquía– se apodere de las riendas del poder para manejarlo en su exclusivo beneficio, ocultando su propósito con ofrecimientos demagógicos que siempre terminan beneficiándolos a ellos mismos. Bien lo dijo recientemente el temporalmente depuesto mandatario de Honduras, el Presidente Zelaya, que si fuera el pueblo el que hiciera las leyes ya no habría pobreza.

Mi padre definió el propósito de su lucha diciendo: “Lo que queremos es la democracia directa, aquella donde el pueblo manda, el pueblo decide, el pueblo ejerce control sobre los tres poderes de la democracia burguesa: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que, además, garantice la equidad en el aspecto económico. Allí donde el pueblo es el pueblo, el pueblo ordena y ejerce un mandato directo sobre y en control de quienes han de representarlo. Todo esto exige trabajar honda y apasionadamente en el CAMBIO DE UNA CULTURA que despierte en el pueblo voluntad para regir directamente sus destinos y exige un profundo cambio constitucional para DISPONER DE UNA CONSTITUCIÓN ACORDE CON LA NECESIDAD DE UN MANDATO POPULAR DIRECTO sobre los destinos de la patria, que elimine los filtros que la democracia burguesa establece y defiende”.

Por estas razones, cuando en los años treinta, bajo el gobierno de Olaya Herrera el Partido Liberal pensó seriamente en designar a mi padre candidato oficial a la Presidencia de la República por el liberalismo, él rechazó el ofrecimiento diciendo que la democracia no consiste en que el pueblo vote a favor de candidatos escogidos por las cúpulas dominantes, sino que la democracia electoral comienza con la escogencia directa del pueblo de los candidatos por los cuales se va a votar.

Y es así cómo, muchos años más tarde, en 1945, levantó su voz contra la escogencia a dedo del candidato oficial del partido liberal, que había recaído en la persona de Gabriel Turbay y fue entonces cuando propuso la realización de la GRAN CONVENCIÓN POPULAR, que se realizó ese año en el Circo de Toros de Santamaría con delegaciones provenientes de todo el país, las que en acto democrático y participativo escogieron a mi padre como CANDIDATO DEL PUEBLO, mientras las élites del Partido Conservador lanzaban como su candidato a Mariano Ospina Pérez.

Pero el pueblo, que no tenía conciencia política –como no la tiene ahora– votó mayoritariamente por Ospina con 500.000 sufragios, luego vino la votación por Gabriel Turbay –el candidato de la oligarquía y la plutocracia liberal– con 400.000 votos y finalmente Jorge Eliécer Gaitán, escogido democráticamente por el mismo pueblo, sólo obtuvo 300.000 votos, mientras 800.000 colombianos se abstuvieron de votar. Fue así cómo el pueblo derrotó a Gaitán cuando tuvo la oportunidad de que llegara a la Presidencia de la República y que este país tomara un rumbo distinto del que ha tenido.

Sólo después de que con Ospina subiera al poder el Partido Conservador, fue cuando una inmensa mayoría de colombianos comenzó a apoyar mayoritariamente a mi padre, convirtiéndose así en la figura más poderosa de la vida colombiana en ese momento. Pero ese apoyo no se lo dieron porque buscaba como propósito de lucha la instauración de una Democracia Participativa, ni porque propuso en el llamado Plan Gaitán una democratización del crédito y una profunda reforma agraria, ni porque como Ministro de Educación planteó una novedosa propuesta pedagógica, ni porque como Ministro del Trabajo impulsó el sindicalismo. ¡No! Por nada de eso lo apoyó masivamente el pueblo. Lo hizo porque pensaba que era el único que podía reconquistar el poder para el Partido Liberal, así fuera que a la presidencia llegara un oligarca liberal defensor de los intereses de la clase opulenta.

Con toda razón escribió alguna vez Alfonso López Michelsen una frase contundente: “La tragedia de Gaitán, en la mitad de su carrera pública, fue, no ya la incomprensión de aquellos a quienes combatía, sino de sus seguidores, que no querían acompañarlo a la tierra prometida que él tenía imaginada, sino a la que ellos concebían”.

Y el pueblo colombiano sigue en las mismas, detrás de los jefes liberales, así sean agentes de los banqueros, o ellos mismos latifundistas y explotadores del pueblo. Por ello es que hay que hacer conciencia y recordar lo que dijo mi padre: “los intereses de las masas liberales no pueden ser resueltos por quienes la dirigen y hoy detentan el poder, porque esos dirigentes son los banqueros liberales y los latifundistas liberales, que tienen intereses contrarios a las masas que los siguen… Bastará que las masas lleguen a un plano de relativa conciencia para que el rompimiento se presente y comprendan la trivial verdad de que sus intereses no pueden ser resueltos por quienes tienen intereses contrapuestos”.

Bogotá, 20 de julio de 2009

Senador
Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 11 de julio de 2009.
 
Como terminó por saberse, el gobierno cocina en secreto –sin consultar con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores ni con el Congreso, y menos aún con la opinión pública– otorgarle cinco bases militares a Estados Unidos, una de las peores decisiones de la historia nacional.

Serán dos en el Caribe (en Cartagena y Barranquilla), otra en el Océano Pacífico (en Bahía Málaga, al lado de Buenaventura), una más en el centro del país (en Palanquero, junto a La Dorada) y la última en Apiay, en los Llanos Orientales, decisión que convertirá a Colombia en un país ocupado, amenaza a los países vecinos y viola la soberanía y la Constitución.

El gobierno ha presentado este despropósito como un asunto de menor cuantía porque, dice, no se trasladará a Colombia la base militar que hoy tiene Washington en Manta, Ecuador –que se cerrará por orden de la nueva Constitución de ese país–, sino que sus funciones pasarán a cinco instalaciones controladas por las tropas norteamericanas dentro de bases militares colombianas, parte de cuyas dotaciones usarán.

Debe saberse que entre las nuevas estrategias de dominación global del mayor imperio de la historia aparecen las bases militares llamadas “lotos”, las cuales pueden ser relativamente pequeñas porque están diseñadas para ampliarse o para que las tropas salten de unas a otras.

De acuerdo con Chalmers Johnson, profesor emérito de la Universidad de California, “La mayoría de estas nuevas bases constituyen lotos desde los cuales nuestras fuerzas podrán saltar como ranas muy bien armadas” http://www.deslinde.org.co/files/Es...). Y en Colombia lo harían con la ventaja de que, en el primer salto, los estadounidenses podrían tomarse la base militar colombiana en la que estarán ubicados.

De acuerdo con Cambio, la revista que empezó el destape de este proyecto http://www.cambio.com.co/paiscambio..., las cinco bases escalarán la presencia militar norteamericana en Colombia no solo por su número y ubicación. Pues no serán solo contra el narcotráfico, sino también contra el “terrorismo”, término que, como se sabe, Washington define según sus conveniencias. Y las tropas norteamericanas podrán operar desde ellas, y sin consultarle a nadie, en otros países.

¿Alguien sensato, además, puede tener la certeza de que el Pentágono nunca actuará desde esas bases en contra de lo pactado y de Colombia, si así lo determinan sus intereses imperiales?

Con calculada y falsa inocencia, el gobierno de Álvaro Uribe –que le mantiene su respaldo a la invasión estadounidense a Irak–, presenta las cinco bases militares como “ayuda” norteamericana a Colombia, cuando estas se sumarán a las otras 700 que posee Estados Unidos en el mundo, bases en las que opera medio millón de hombres y resulta hasta pueril desconocer que existen para defender los intereses de dominación que signan las decisiones de la Casa Blanca, incluida la de Barack Obama.

Esto, además, en la lógica de la tenebrosa estrategia de la “guerra perpetua” definida por el Pentágono, la más reciente teoría militar norteamericana para el control del mundo, política dentro de la cual, y como lo denunció Brasil, Estados Unidos puso a la IV Flota a navegar en aguas de Latinoamérica y el Caribe (http://www.elespectador.com/impreso... y http://www.clarin.com/diario/2008/0...).

El secretismo oficial tiene como primera causa la total inconveniencia de una decisión orientada por un poder extranjero, que solo problemas puede traerle al país por la grave lesión a su soberanía y autodeterminación sobre lo político, lo económico y lo social y porque lo somete de la peor manera a los horrores de la guerra y los intereses de la superpotencia, lo enfrenta con los países vecinos y lo desacredita más ante los demócratas del mundo.

Y también tiene que ver con que estas cinco bases militares –así les den otro nombre, como tienen decidido hacerlo para confundir– son inconstitucionales por dos razones diferentes. La primera, porque la Constitución dice que las relaciones internacionales del país se fundamentarán en la soberanía y su derecho a autodeterminarse.

Y la segunda, porque ninguna norma permite crear bases de este tipo en Colombia, dado que la Carta, en sus artículos 173 y 237, solo autoriza “el tránsito –es decir, el paso temporal– de tropas extranjeras por el territorio de la República”, previa aprobación del Senado y concepto favorable del Consejo de Estado, trámite que el gobierno decidió no realizar.
 
Que el Gobierno Publique ya lo Acordado con Estados Unidos sobre las Bases Militares.
 
Oficina de Prensa del Senador
Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 15 de julio de 2009.
 
Que se permita un debate nacional sobre la conveniencia y legalidad de las bases militares antes de concluir cualquier acuerdo.

Análisis sobre la inconstitucionalidad de la bases

El senador Jorge Enrique reafirmó su rechazó a la decisión del gobierno de Colombia de permitirles a las fuerzas armadas norteamericanas operar desde tres bases militares colombianas, donde se instalarán 1.400 soldados extranjeros, a 600 de los cuales llaman “contratistas”.

Esa decisión, explicó Robledo, “viola de manera flagrante la soberanía y la autodeterminación nacional, convierte a los colombianos en peones en la estrategia militar de la Casa Blanca por el control del mundo, constituye una acción hostil con las países vecinos y es contraria a la Constitución”.

De acuerdo con la revista Cambio (Jul.08.09), el medio que impidió que el tramite del acuerdo entre los dos gobiernos continuara a las escondidas, el pacto en ciernes “va más allá” de los anteriores, “porque permitiría, por primera vez en la historia, el uso de bases militares colombianas para operaciones en las que intervendrán soldados, aviones y buques de guerra estadounidenses”.

Además, y según la misma fuente (Jul.01.09), la Casa Blanca pretende hacer valer “la autonomía de los militares estadounidenses cuando las operaciones trasciendan las fronteras colombianas”, es decir, que sean contra los países vecinos.

El senador Robledo explicó que no hay norma constitucional que permita asentar tropas extranjeras en el territorio nacional, porque el artículo 173 solo permite su “tránsito” por el país, y previa aprobación del Senado. Y también explicó que son falsas las explicaciones del ministro de Relaciones Exteriores, en el sentido en que un caso como este –incluso si fuere constitucional – puede resolverse sin un tratado entre los dos países, el cual también requiere la aprobación del Congreso de Colombia (ver anexo a este boletín).

El congresista del Polo Democrático Alternativo, por último, exigió que el gobierno publique lo acordado, de manera que no pueda seguir manipulando la información, y se comprometa a no cerrar ningún acuerdo sin que antes se dé un debate nacional sobre una de las peores decisiones de la historia de Colombia.

Anexo la Presencia Militar de Estados Unidos es Inconstitucional

Refiriendose a la propuesta de trasladar las operaciones de la Base de Manta al territorio colombiano, el canciller Jaime Bermúdez afirmó en entrevista publicada en El Tiempo (jul.06.09) que en el caso de “Colombia ya existe cierto nivel de presencia del ejército norteamericano reglado, establecido, acordado. En el Plan Colombia la ley estableció el máximo de personal que puede haber de EU en el país”.

Según el Canciller existe una ley que regula el asentamiento en el país de tropas extranjeras y específicamente las consagradas en el Plan Colombia. La afirmación es completamente falsa porque la mencionada ley no existe, lo que confirma que la presencia militar de otros países en el territorio nacional es ilegal.

El gobierno no puede legitimar la presencia militar estadounidense en los artículos 173 y 273 de la Constitución, porque dichas normas regulan el tránsito de tropas extranjeras, más no su permanencia.

Las disposiciones señalan lo siguiente:
Artículo 173. Son atribuciones del Senado:

(…) 4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
Articulo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado:
(…) 3. Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos casos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.

La Constitución, en materia de tropas extranjeras, permite únicamente el tránsito, no la presencia permanente para el desarrollo de operaciones militares. Lo que sí consagra la Constitución es el principio de la soberanía nacional como fundamento de las relaciones internacionales, norma que está en abierta contradicción con el emplazamiento de militares de otros países en territorio colombiano. En este orden de ideas, una primera conclusión a la que se debe llegar es que la presencia militar de otros Estados en el nuestro es inconstitucional.

Si la Constitución no permite el asentamiento de tropas extranjeras, ¿cuál es la norma que sí lo hace, según el Canciller?

De acuerdo con el Ministro de Relaciones Exteriores, “el esquema de cooperación que se está negociando aquí no implica un acuerdo que sobrepase los que ya existen”, de lo que se infiere que hay acuerdos entre Colombia y Estados Unidos que regulan la presencia militar de la potencia.

En efecto, entre 1960 y 1975 se firmaron una serie de convenios sobre “cooperación militar” entre Colombia y Estados Unidos, entre los que se destaca el Convenio General de Ayuda Económica, Técnica y afín entre el gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos de América, firmado el 23 de julio de 1962.

La Cancillería ha defendido la legalidad de la intervención militar de Estados Unidos en Colombia apoyado en ese tratado y en los convenios que lo amplían, entre los que se incluirían las tres bases instalaciones norteamericanas en sendas bases militares colombianas. Entonces, la legalidad de la presencia militar de la superpotencia depende de la que ostenten el convenio de 1962 y los subsiguientes.

El Convenio General de Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el gobierno de la república de Colombia y el de Estados Unidos se firmó con fundamento en la Ley 24 de 1959, que le permitió al gobierno nacional “celebrar contratos o convenios con los representantes, debidamente autorizados, de organismos o agencias especializadas internacionales o con entidades públicas o privadas nacionales, extranjeras o de carácter internacional, con el fin específico de asegurar el aprovechamiento o la prestación de asistencia técnica o el suministro de elementos u otras facilidades requeridas para la formulación o ejecución de planes y programas de desarrollo económico, social, cultural, sanitario u otras materias conexas” (cursiva fuera del texto).

Llama la atención que la supuesta legalidad de los convenios que permiten la presencia militar de Estados Unidos se fundamente en una norma que no menciona nada sobre el tema.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia, en vigencia de la Constitución de 1886, señaló que la norma no autorizaba al gobierno para celebrar tratados internacionales [1].

Tesis defendida por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, que en su intervención en la Sentencia C-863 de 2004 señaló que “la ley 24 de 1959 no es aplicable para la aprobación de acuerdos internaciones, ya que en 1976 el Gobierno Nacional profirió el Decreto-ley 150, por medio del cual, reguló en su totalidad lo relacionado con la celebración de contratos y convenios internacionales” [2]. Con base en las disposiciones legales existentes el gobierno no estaba autorizado para celebrar tratados sobre asistencia militar, lo que de esta otra manera evidencia la ilegalidad de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia.

Se debe resaltar que en la celebración de los convenios que supuestamente legitiman la presencia militar de Estados Unidos no intervino el Congreso, porque el artículo 2º de la Ley 24 de 1959 estableció que “los contratos o convenios que se celebren por el Gobierno de conformidad con el artículo anterior, sólo requieren para su validez, la aprobación del Presidente de la República, previo concepto favorable del Consejo de Ministros” (cursiva fuera del texto). Como ahora lo quiere hacer el presidente Uribe, la permanencia de tropas estadounidenses en el territorio nacional se ha hecho a espaldas de los colombianos y violando las normas más elementales de la democracia.

La Ley 24 de 1959 fue derogada por el Decreto-ley 150 de 1976, que le impidió al ejecutivo usar una artimaña jurídica para celebrar tratados sin la aprobación del Congreso. Es entonces cuando surge una nueva táctica para evadir cualquier control a la presencia militar estadounidense: los acuerdos complementarios o simplificados.

Los convenios celebrados en vigencia de la Ley 24 de 1959 (entre 1959 y 1976) son tratados marcos que según la Cancillería, fueron desarrollados por convenios posteriores a la derogatoria de la Ley 24 de 1959, que ampliaron la intervención militar estadounidenses.

La estrategia de los últimos gobiernos ha sido la de celebrar con Estados Unidos acuerdos simplificados que desarrollan convenios marcos como el Convenio General de Ayuda Económica, Técnica y Afín de 1962. Es lo mismo que el presidente Uribe quiere hacer ahora.

Los acuerdos simplificados son convenios entre dos Estados que desarrollan o ejecutan el contenido de un tratado marco y cuya celebración no requiere la aprobación de los respectivos Congresos. Una figura análoga son los decretos reglamentarios del Presidente. En este sentido, los acuerdos simplificados no pueden ir más allá de lo consagrado en el tratado marco, como lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-863 de 2004: “Por vía del trámite de los acuerdos celebrados en forma simplificada no puede el gobierno comprometer la responsabilidad del Estado colombiano en aquello que el Congreso no hubiere aprobado a través de la ley que aprueba el tratado marco.”.

No obstante, los convenios posteriores a 1976, que supuestamente ejecutan y desarrollan los tratados marcos, van más allá de los mismos y, por ende, deben tramitarse ante el Congreso. Así, en el Plan Colombia, la Nación se comprometió a implementar “medidas para atraer la inversión extranjera”, obligación inexistente en los convenios anteriores. De esta manera los últimos gobiernos han celebrado verdaderos tratados de asistencia militar sin la aprobación del Congreso. Según el anterior Procurador, Edgardo Maya, todos estos convenios deben ser presentados al parlamento para su ratificación.

La presencia militar del mayor imperio conocido en la historia es muy grave y viola flagrantemente la soberanía. Pero la situación empeora porque las decisiones de los últimos gobiernos no tienen sustento en el ordenamiento jurídico colombiano, lo que prueba que las tropas estadounidense operan en Colombia en medio de la ilegalidad. Por estas razones los colombianos debemos exigirle al gobierno que respete la soberanía y se abstenga de tomar una decisión que a todas luces es abiertamente inconstitucional.

Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo
[1] Gaceta Judicial, Tomo 152-153, años 1975 y 1976, Págs. 100 y subsiguientes.
[2] Sentencia C-863 de 2004
 
 
 
XENTILEZA DO: COSAL A CORUÑA

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